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Médico, investigador y docente universitario. Ha sido:
* Rector de la Universidad Central de Venezuela
* Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del Ministerio de Educación Superior (Venezuela)
lft3003@cantv.net
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La universidad para la nueva república:
antes y ahora
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“Un primer elemento a resaltar
es la clara convicción del Libertador
de la importancia de la universidad
para el futuro de la patria”
“El presidente Chávez debería escuchar
a los académicos de hoy, aquéllos
que siguen con el proceso revolucionario
independientemente de las críticas que le tengan,
y no dejarse llevar de buenas a primera
por quienes están demasiado distanciados
de esa necesaria academia”
Al igual que la Real y Pontificia Universidad de Caracas fue transformada en Universidad Central de Venezuela por el Libertador, para que sirviera de base al crecimiento y estabilidad de la naciente República de Venezuela, es necesario transformar a la universidad actual, para que sirva de soporte al nuevo proyecto de país. La acción del Libertador, por lo tanto, puede servirnos de modelo, independientemente de las diferencias históricas entre estos dos momentos. Conocer el proceso puesto en marcha por Bolívar, caracterizado por una gran participación del claustro universitario y del pensamiento académico más avanzado de la época, puede ayudar mucho al presidente Chávez, en la realización exitosa de un proceso de transformación universitaria, requerido para la salud de la universidad misma y para el desarrollo de la nueva República.
Un primer elemento a resaltar es la clara convicción del Libertador de la importancia de la universidad para el futuro de la patria. La instrucción de los venezolanos era indispensable para el resguardo de los preciosos bienes de la independencia y la libertad. No se detuvo el Libertador ante las limitaciones de la universidad ni los objetivos que le impuso la Corona española, ni si hasta ese momento había asumido la visión independentista, anticolonial y republicana, de libertad e igualdad, de la lucha contra la España colonizadora. No consideró algo insalvable la discriminación social en el ingreso estudiantil.
Para mediados de 1827, Simón Bolívar promulga los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), luego del trabajo efectuado por las comisiones del Claustro universitario para los estudios correspondientes. El Libertador también había consultado previamente a los sabios académicos de la época, como los doctores Carlos Arvelo, Cristóbal Mendoza, José Cecilio Ávila y José María Vargas. Su secretario privado, el ilustrado José Revenga, ayudó en tan importante proceso de consultas. El presidente Chávez debería escuchar a los académicos de hoy, aquéllos que siguen con el proceso revolucionario independientemente de las críticas que le tengan, y no dejarse llevar de buenas a primera por quienes están demasiado distanciados de esa necesaria academia.
El Libertador tuvo que modificar los viejos reglamentos universitarios, que impedían a los médicos ser rectores, para que Vargas ocupara el rectorado. No se saltó a la torera la reglamentación vigente. En enero de 1827, José María Vargas fue proclamado como primer rector de la UCV. Bolívar y Vargas instrumentaron toda una serie de cambios profundos: abrir la universidad a todos los grupos sociales, sin la odiosa discriminación racial de la época; reducción de los aranceles de grado, de las propinas obligatorias y de las oposiciones a cátedras; apertura de sus aulas a todas las ciencias e idiomas de mayor importancia, creación de nuevas cátedras como la de física experimental, de química, de botánica y de griego; de nuevos laboratorios, supresión del latín como lengua oficial de la enseñanza, la dotación de aulas y laboratorios, aumento de los sueldos de los profesores y mantenimiento de la autonomía universitaria, la cual había sido sancionada mucho antes por Carlos III.
Pero para que la naciente universidad republicana pudiera cumplir con todos esos retos, el Bolívar la dotó de un importante patrimonio, que le significarían rentas abundantes, para financiar todos los cambios descritos. Así, pasan a ser propiedad de la UCV varias ricas haciendas cacaoteras, cafetaleras y azucareras, en Chuao, Tácata, Cata y Suárez; los fondos del extinto Colegio de Abogados, los bienes de los jesuitas expulsados, las rentas anuales sobrantes de los resguardos indígenas, así como otras rentas incluyendo los aranceles pagados por los estudiantes. En las tres décadas siguientes a 1827, los venezolanos tuvieron a una universidad rica en un país pobre. Muchos fueron los préstamos de la caja universitaria a la tesorería nacional en ese período.
Hoy, nos encontramos en una coyuntura nacional muy parecida a la vivida por el Libertador en relación a la necesidad de realizar una transformación universitaria profunda. El estudio de cómo procedió el Libertador nos puede dar suficientes luces para no cometer errores, que luego lamentaremos intensamente. Quiera la Providencia que la historia nos ilumine lo suficiente, a fin de salir airosos en el enfrentamiento de tan grande responsabilidad, por el bien de la patria, de la universidad y de nuestro pueblo. Los errores que en este caso se cometan gravitarán negativamente sobre el desarrollo del proceso revolucionario.
SUMMA La Revista Universitaria de Venezuela
Nro. 1 - Caracas, Mayo de 2005
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¿Cómo eliminar la exclusión
educativa universitaria?
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“La idea original fue distorsionada
por unos aventureros,
quienes incumplieron lo previsto”
“Inclusión con calidad… incremento
de los cupos universitarios… (ajustados)
a las posibilidades reales de las instituciones,
determinadas éstas con auditorias académicas”
En artículo anterior (SUMMA, N° 2, junio 2005, Caracas) señalamos que la Misión Sucre, como instrumento para corregir la exclusión social de la educación superior ocurrida en el pasado, era un esfuerzo loable del presidente Chávez. Para ello, los excluidos tenían que ser censados y organizados nacionalmente, para recibir un curso que actualizara sus conocimientos, pues llevaban mucho tiempo alejados del estudio. La idea original fue distorsionada por unos aventureros, quienes incumplieron lo previsto y la transformaron en un mecanismo alterno de ingreso a la educación superior, sin requisitos de ningún tipo, lo que genera nuevas inequidades e injusticias, ahora en detrimento de quienes se gradúan todos los años de bachilleres y deben someterse a los requisitos existentes.
Sin embargo, a pesar de las distorsiones y perversiones, no todo está perdido y es posible llevar adelante la propuesta original, pues existe una población excluida a la que la Misión Sucre no ha ayudado, al desviar sus propósitos originales y pasar a incorporar funciones, como la de admisión, que claramente pertenecían a otros organismos, que se estaban ocupando de sus tareas en forma científica, rápida y eficiente. Como se trata de hacer las cosas bien, nos permitimos proponer el siguiente programa:
Inclusión con calidad como lo ordena la Constitución, mediante el incremento de los cupos universitarios hasta ajustarlos a las posibilidades reales de las instituciones, determinadas éstas con auditorias académicas hechas por especialistas contratados por el gobierno. Estas auditorias nos dirían cuántas plazas adicionales, pueden ofrecer las instituciones utilizando al máximo sus posibilidades de espacios (aulas, laboratorios, bibliotecas), de docentes y de consumibles. Se diagnosticaría también las limitaciones institucionales, que resueltas significarían un aumento adicional de plazas, para garantizar el ingreso y la prosecución.
Con financiamiento de distintos programas, según las insuficiencias detectadas, se solventaría las mismas y se incorporarían más alumnos. Así, si faltan espacios académicos, se construirían nuevas aulas, laboratorios y bibliotecas, que serían ubicados en las sedes institucionales o, en los casos debidos, en los municipios, mediante la creación de los núcleos municipales universitarios, mal llamados hoy “aldeas universitarias”, contribuyendo así a la municipalización de la educación superior, que es otra de las políticas gubernamentales incomprendida totalmente por quienes la tienen a su cargo.
Si la insuficiencia es de docentes, se debe incorporar nuevos profesores en las cátedras y programas existentes, donde actuarán con profesores de mayor experiencia y realizarán un plan de formación, que garantice su preparación adecuada como docente universitario, pues la improvisación en este aspecto es de graves consecuencias para la calidad educativa. Es éste uno de los más graves problemas que tienen hoy la Misión Sucre, la Universidad Bolivariana de Venezuela y las nuevas sedes de la Universidad Politécnica de la Fuerza Armada. Si la necesidad es de libros, se adquirirían de acuerdo al número y tipo de usuarios existentes.
Se crearán nuevos programas de formación, en estrecha relación con los planes nacionales de desarrollo y con las necesidades de la población, que funcionarán en instituciones existentes, en nuevos núcleos de las mismas o en nuevas instituciones que se creen. Para ello, el Gobierno Nacional otorgará el financiamiento correspondiente, junto con las gobernaciones, alcaldías, empresas y fundaciones estatales.
Se garantizará la equidad en el ingreso de todos los aspirantes, provengan de donde provengan, a través de un mismo mecanismo nacional, para lo cual se procederá según los resultados de los estudios de investigación efectuados. La Misión Sucre sólo asistirá a quienes en el pasado fueron excluidos, mediante la organización y financiamiento del curso de iniciación y el otorgamiento de becas a los estudiantes de bajo recursos. El curso propedéutico debe ser revisado, modificado de acuerdo a nuestras necesidades y supervisado en forma debida. Los estudiantes deben ser evaluados en su desempeño y asistencia, antes de iniciar el curso, en varios momentos durante su realización y al final del mismo.
En lugar de haber elaborado el Decreto 3.444, cuyo contenido no ayuda a superar las debilidades y distorsiones de la Misión Sucre, debería derogarse por anticonstitucional el numeral 9 del artículo 26 de la Ley de Universidades, que faculta a los consejos universitarios para fijar el número de plazas de nuevo ingreso y los procedimientos de selección, pues está más que demostrado que dichos procedimientos son los responsables de la discriminación que sufren los aspirantes de niveles socioeconómicos bajos, así como aquéllos que provienen de colegios oficiales y quienes proceden de regiones del país alejadas y atrasadas (L. Fuenmayor y Y. Vidal, Revista de Pedagogía, XXII (64), 2001; L Fuenmayor, Revista Venezolana de Gerencia, año 7, N° 17, 2002). Se podría hacer con la promulgación de un nuevo Reglamento de la Ley de Universidades, que derogue el Reglamento de Leoni, aún vigente en todo lo que no contradiga la Ley de Universidades de 1970. A Navarro le entregué, a comienzos de 2004, una propuesta terminada de ese Reglamento. No sé por qué no se llevó al Consejo de Ministros, cuando el propio Navarro autorizó mi solicitud de efectuar el trabajo en cuestión.
SUMMA La Revista Universitaria de Venezuela
Nro. 3 - Caracas, Julio-Agosto de 2005
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Periodista y abogado, especialista en derecho a la información y libertad de expresión. Profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Ha Sido:
* Presidente del Colegio Nacional de Periodistas.
gilalca@cantv.net
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La influencia política
en la autonomía
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“El conflicto está en que si las universidades
hacen algo que no apruebe la revolución,
el viceministro no lo refrendará”
“Lo de esperarse es que los rectores
no se aferren a intereses políticos coyunturales
y sí a la defensa de la autonomía universitaria
a fin de garantizar el verdadero beneficio espiritual
y material de la sociedad venezolana”
Las razones jurídicas centradas en las funciones de la administración pública en el campo de la educación, la defensa de la libertad de educar dentro de normas democráticas ante temores de restricciones gubernamentales a través de un reglamento ministerial y, en especial los intereses políticos del régimen revolucionario, expuestos por el presidente y el ministro, están marcando los puntos referenciales en la discusión y difícil comprensión de la vigencia de la autonomía universitaria. Se la concibe y acepta como la máxima expresión de esa libertad, expresada en el libre ejercicio de la cátedra, dentro de la respetabilidad del diverso pensamiento académico, para garantizar como finalidad concreta la formación de los profesionales no para satisfacer coyunturas políticas, ciclos de sistemas de gobierno , sino en función de sus inserciones en el desarrollo de la mejor perfección de la sociedad venezolana.
Dentro de los 14 artículos del Capítulo VI de la Constitución, titulado de los Derechos Culturales y Educativos, el 109 indica de manera expresa que “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados, egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica para beneficio espiritual y material de la Nación”. Vigente esta norma y defendida por los rectores de las universidades autónomas quienes han propuesto diálogos para discutir las reglas del Ejecutivo y el necesario resguardo de la autonomía, el Ministro de Educación Superior, Samuel Moncada, asegura que el Reglamento 3.444 no viola la autonomía universitaria y esto es lo jurídico; pero rechaza lo que llama autonomía elitesca y se pronuncia por universidades abiertas, y eso es lo político, tanto más cuando coincide con el presidente Hugo Chávez, quien advirtió, conocida la referida reacción de los rectores, que no le van a “sabotear” la misión Sucre, es decir la entrada de los egresados de ese plan educativo de la revolución a las universidades.
Esta posición de extremismo político tiene su esencia coyuntural en dar educación a “patriotas” calificados así en la graduación de la misión Robinson como parte activa de una revolución y no en la concepción de Estado tipificado en la Constitución con la obligación de reconocer la autonomía universitaria con el objeto de dar a la sociedad “beneficio espiritual y material”, un beneficio integral, se entiende, a la Nación concebida en todos sus componentes sociales de una República con un Estado. Esta obligación estatal tiene además el objetivo señalado en el artículo 102, según el cual “La educación es un derecho humano y un deber social”. Todas las normas legales protegen una educación para todos, con sentido de multiplicidad en lo docente y en lo estudiantil.
Esta motivación política del presidente Chávez y del ministro Moncada, ha sido resaltada por varios rectores y puntualizada por el ex rector Giuseppe Giannetto al asegurar que se trata de “un problema político” relacionado con el control que quiere el gobierno de todos los espacios (El Universal 16-4-05) y la rectora Añez quien, a decir el ministro Moncada, es de la oposición y afirma que el 3.444 no viola la autonomía universitaria, pero si va a hacer más tortuosas las relaciones con el Estado.
En una sesión especial reciente de la Asamblea Nacional, el ministro Samuel Moncada, en defensa de sus fundamentos jurídicos enfatizó varias veces que con el reglamento, que coincide en normas con otros decretos y con leyes vigentes, “no se le está quitando la autonomía a nadie”.Aseguró que en las leyes no hay un artículo expreso “que diga que el CNU crea programas”, agregando: “es una atribución que se auto puso el CNU”. El reglamento “no tiene nada que ver con el pensamiento único como se viene diciendo”, dijo en respuesta a las acusaciones de un plan de ideologización revolucionaria en las universidades.
Y de lo jurídico, a lo político. “¿Por qué van a ser más tortuosas?”, preguntó ante los diputados. “Porque antes las relaciones eran técnicas, con académicos como el anterior director de la OPSU...ahora serán con políticos, es decir conmigo. Eso no tiene nada que ver con la autonomía”. Discusión que se deberá hacer con cualquier otro ministro, pues, manifestó que “el proceso es transparente y es participativo y el tipo de autonomía que queremos”, que no está afectando la autonomía y los que así lo han dicho “fundamentalmente están manipulando el argumento. ¿Saben porqué no se viola? Porque autónomas son las universidades, no el CNU, el CNU es subordinado jerárquicamente al ministerio”. Explicó que el Viceministro de Políticas Académicas tiene la función de “refrendar” lo que hacen las universidades, si lo hacen bien, certificar, y eso “se hace desde hace mucho tiempo”, los artículos son iguales a los de antes, donde si se cambió fue creando la Oficina de Planificación y Presupuesto y el ministerio va a ejercer sus funciones técnicas, “no hay nada de malo”.
El conflicto está en que si las universidades hacen algo que no apruebe la revolución, el viceministro no lo refrendará. Lo específico en esta dialéctica sobre la autonomía universitaria no es que la relación de las universidades se haga con un político como se calificó el ministro Moncada , y sí tiene que ver con la autonomía, ya que ese político está actuando en función de un proceso revolucionario esencialmente, cuyos objetivos, referidos, han sido anunciados por el presidente Chávez.
Lo de esperarse, pues las discusiones no vislumbran resultados claros, es que los rectores no se aferren, también en lo esencial, a intereses políticos coyunturales y sí a la defensa de la autonomía universitaria a fin de garantizar el verdadero beneficio espiritual y material de la sociedad venezolana.
SUMMA La Revista Universitaria de Venezuela
Nro. 1 - Caracas, Mayo de 2005
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Profesor de castellano y literatura, crítico literario, especialista en la obra de Alejo Carpetier. Investigador, profesor universitario.
* Miembro de Número de la Academia Venezolana de la Lengua.
grealemar@cantv.net
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Desde su fundación, en 1713, la Real Academia Española ha arrastrado una tradición de desprestigio y de cierto desprecio. No sólo la Real Academia como institución, sino el mismo concepto de academia en abstracto ha sido blanco de invectivas y de sarcasmos. Casi no ha habido escritor importante que no haya sentido alguna vez repulsa contra la Academia, y con frecuencia se han empleado los términos académico y academicismo con signo negativo, desde la burla más o menos inocua, hasta la beligerancia agresiva. Recuérdese la famosa frase de Rubén Darío: “De las academias líbrame Señor”, toda una definición con aire de manifiesto estético. Y don Alfonso Reyes, el gran ensayista mexicano, acuñó una frase no menos célebre, anagrama de la palabra académicos: “micos de acá”.
La causa de esto es varia y compleja. En primer lugar el carácter de claustro o grupo cerrado de las academias. Una academia, en sentido tradicional, es un conjunto de personas con características comunes, generalmente dedicadas a una misma actividad o a actividades afines. Como es natural, ese grupo tiene un número limitado y fijo, y, por regla general, cuando el número queda incompleto por la muerte de alguno de ellos, son los restantes quienes eligen al que ha de reemplazarlo. Ello da la impresión de que se trata de un grupo privilegiado, no fácil de penetrar. Esto se agrava porque las academias no siempre aciertan en la elección de sus miembros, que a menudo obedece a compadrazgos y amiguismos que nada tienen que ver con lo académico. Por eso no es de extrañar que haya personas que, sabiéndose –o creyéndose– dignos de acceder a ese coto cerrado, resientan que no los elijan, lo que fácilmente se trasmuta en repulsa por el organismo que los ignora. No sería descabellado pensar que muchos de los que denigran de la academia lo hacen como para curarse en salud, por si nunca llegan a proponerlos como académicos.
Pero en las actitudes antiacadémicas influyen también algunos criterios que hacen pensar que las academias son conservadoras, atrasadas y reaccionarias. En el caso de las de la lengua, y, en lo que a nosotros atañe, con la Real Academia a la cabeza, suele identificárselas con un “purismo supersticioso”, como lo llamó Andrés Bello, un purismo esterilizante, que pretende que la lengua no cambie ni evolucione, sino que permanezca siempre idéntica a sí misma, petrificada. Pretensión no sólo reaccionaria, sino también inútil, porque la vitalidad de la lengua, que es la del pueblo que la habla, hace que ese cambio y evolución sea necesario e inevitable.
Por mucho tiempo fue así. La gente en general, pero especialmente los escritores y las personas sensibles y de cierto nivel cultural, intuyen la naturaleza creadora de la lengua, y rechazan el purismo y la posición excesivamente conservadora. Así ha ocurrido desde su fundación con la Real Academia, que durante años mantuvo una actitud purista, o por lo menos conservadora, a espaldas de la natural evolución del idioma, no sólo por la acción continua de sus hablantes, sino también por la riqueza creadora de sus poetas y demás escritores. El mismo lema de la Real Academia, Limpia, fija y da esplendor, fue desde el principio objeto de rechazo y de escarnio.
Por supuesto, las academias hispanoamericanas, que fueron apareciendo desde 1871, cuando se fundó la colombiana, hasta la puertorriqueña, fundada en 1955, más la filipina, de 1924, y la Academia Norteamericana de la Lengua Española, de 1973, recibieron también rechazos y desprecios.
Es de advertir que la RAE mantuvo durante mucho tiempo una actitud, si no hostil, al menos distante de las academias hispanoamericanas, bajo un criterio de menosprecio por el idioma hablado en nuestros países, cuya cultura, incluyendo la lengua, seguía viendo con arrogancia y avasallamiento de conquistador, o al menos de metrópolis. Es notoria la casi total ausencia de autores hispanoamericanos en los ejemplos dados por la gramática oficial de la Real Academia, lo cual obedecía a una posición consciente de los académicos que entonces la formaban, como lo revela que en el texto titulado “Advertencia de la edición de 1920” de la gramática se diga que “…la doctrina gramatical se presenta confirmada por mayor número de autoridades de los más eminentes escritores españoles de todas las épocas”. Escritores españoles, no escritores de lengua española o castellana, como si los hispanoamericanos no existiesen y en Hispanoamérica no se hablase y escribiese un idioma que, aunque abundoso en formas propias, que nos dan una fisonomía idiomática peculiar, está dentro del esquema general y los cánones de la lengua castellana o española que nos fue legada por la Conquista y la Colonia.
Tal actitud de la Real Academia con respecto a Hispanoamérica se expresó también, muy tangiblemente, en el hecho de que se negase a asistir al Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, reunido entre abril y mayo de 1951 en México y por iniciativa de la academia de este país.
II
Hoy las cosas son muy distintas. Desde hace varios años, quizás particularmente desde el período en que asumió la dirección de la Real Academia don Fernando Lázaro Carreter (1991-1998) lamentablemente fallecido, los criterios de la RAE han sido revisados, y se ha ido adoptando nuevas posiciones, en un vasto plan de apertura y modernización de la doctrina lingüística sustentada por la Institución. Por una parte, los fundamentales logros de las ciencias lingüísticas han sido acogidos con gran interés, y muchos de ellos adoptados como doctrina, tanto en el campo lexicográfico como en el gramatical, sin desdeñar su carácter muchas veces polémico. Por otra parte, la RAE ha modificado su comportamiento frente a Hispanoamérica, y hoy prevalece entre los académicos españoles la idea de que el futuro de la lengua castellana reside en América, donde habita la gran mayoría de los hispanohablantes.
De acuerdo con estos nuevos criterios, la RAE ha regularizado y fortalecido sus vínculos con las academias hispanoamericanas, la filipina y la norteamericana, ya no con un propósito de vasallaje o tutelaje, sino en plena igualdad y dentro de un plan de mutua colaboración. Oficialmente, la RAE se refiere a las academias nacionales como las academias hermanas. Fruto de esta nueva posición ha sido la estrecha colaboración entre las academias nacionales y la Real Española para la elaboración periódica del diccionario de nuestra lengua. Ya en la edición vigente, la 22ª, publicada en 2001, esa colaboración ha sido muy amplia y fructífera, tanto por la participación de las academias nacionales en la revisión general del léxico recogido en el diccionario, como por la incorporación de nuevos hispanoamericanismos, cuya cifra en esta edición se ha duplicado, hasta alcanzar a más de 28.000, entre nuevos vocablos y nuevas acepciones, corrección de otros anteriormente incorporados, marcas lexicales, etc. La participación de la Academia Venezolana de la Lengua en la elaboración del diccionario corresponde a su Comisión de Léxico, bajo la competente dirección del profesor Luis Quiroga Torrealba.
Aparte del diccionario, que se reedita periódicamente con numerosas innovaciones cada vez, la RAE y las academias nacionales elaboraron el Diccionario Panhispánico de Dudas, en proceso de edición, y que será de enorme utilidad para los usuarios de nuestro idioma. Este valioso diccionario fue el resultado de un esfuerzo colectivo, en el que todas las academias trabajaron en pie de igualdad y con gran entusiasmo. De la Academia Venezolana participó activamente la profesora María Josefina Tejera.
Actualmente la Real Academia y las academias nacionales trabajan también en la elaboración de una nueva gramática de la lengua castellana. Igual que en el diccionario, en esta nueva gramática se ha tomado muy en cuenta el idioma hablado en Hispanoamérica, que si bien es español o castellano, en nuestro Continente tiene modalidades regionales y nacionales que no pueden ignorarse, pues son rasgos importantes de la lengua común. En la ejemplificación se han utilizado citas de decenas de escritores hispanoamericanos, desde los clásicos hasta los más modernos, muestra invalorable del Castellano de América. A juzgar por lo que ya se ha escrito –que es todavía un proyecto, pero muestra lo que será finalmente la nueva gramática–, esta será una obra monumental, sumamente útil sobre todo como herramienta de unidad lingüística y cultural de España y los países de Hispanoamérica. Me ha tocado en suerte participar, por nuestra Academia, en estos trabajos.
III
Un factor decisivo en la modernización de la Real Academia ha sido la adopción de las más avanzadas técnicas de computación. La RAE ha construido, en diez años de arduo trabajo, una base de datos de tal magnitud, que para 2001 superaba los 270 millones de registros, y es la base de datos más grande del mundo sobre un idioma. Hoy cualquier persona, en cualquier parte del planeta, puede consultar, en la Página WEB de la Real Academia, cualquiera de las veintidós ediciones del DRAE, desde el llamado Diccionario de Autoridades, primero de los diccionarios de la RAE, publicado en tres tomos entre 1726 y 1737, hasta la actual, amén de poder consultar sobre otras materias afines.
Fundamental ha sido el espíritu progresista y modernizante de la mayoría de los actuales académicos, en especial los directivos de la RAE, y de manera particular su director, Don Víctor García de la Concha, que lleva ya varios años dirigiendo la Corporación con un dinámico espíritu de progreso y actualización.
Ha sido igualmente decisiva en esta nueva etapa de la RAE la labor de la Asociación de Academias de la Lengua Española, fundada en 1951, que reúne a la RAE y las veintiuna academias nacionales. Presidida también por García de la Concha, y con un animoso y diligente secretario general en la persona de Humberto López Morales, esta asociación ha sido el instrumento ideal para mantener la cohesión y la mutua asistencia de las academias nacionales y la Real Academia, sin lo cual la nueva política de esta difícilmente se podría realizar.
SUMMA La Revista Universitaria de Venezuela
Nro. 1 - Caracas, Mayo de 2005
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